LEGISLATURA | 8 SEP 2026
PROYECTO
Libertarios quieren eliminar el cobro de certificados de deuda municipal
La iniciativa busca eliminar un costo que deben afrontar los vecinos al realizar operaciones inmobiliarias y apunta a simplificar trámites, reducir gastos y unificar el criterio en los municipios bonaerenses
El diputado provincial Juanes Osaba presentó una iniciativa para que los municipios bonaerenses no puedan cobrar por la emisión de certificados de deuda exigidos en operaciones inmobiliarias. El proyecto busca reducir costos y simplificar trámites sin modificar las obligaciones tributarias existentes.
El diputado provincial Juanes Osaba impulsa un proyecto de ley para establecer la gratuidad de los certificados municipales de deuda que se solicitan al momento de realizar transferencias o constituir derechos reales sobre inmuebles en la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa propone modificar la Ley 14.351 para impedir que los municipios cobren tasas, derechos, aranceles, sellados u otros conceptos por la solicitud, tramitación, emisión o entrega de estas certificaciones. Actualmente, el certificado permite constatar las obligaciones que pesan sobre un inmueble antes de concretar determinadas operaciones.
“El Estado te cobra para darte una información que ya tiene”, cuestionó Osaba al explicar el fundamento de la propuesta.
El planteo apunta a eliminar un costo que el proyecto considera innecesario: la administración municipal ya dispone de la información necesaria para determinar si un inmueble registra deudas y, además, la presentación del certificado es obligatoria para instrumentar determinadas operaciones.
La modificación no implica eliminar deudas ni limitar la capacidad de los municipios para recaudar. En caso de existir obligaciones pendientes, deberán continuar siendo abonadas. El cambio se concentra exclusivamente en impedir el cobro adicional por la emisión del documento que acredita esa situación.
Según los fundamentos de la iniciativa, el objetivo es reducir los costos asociados a la escrituración, simplificar trámites y favorecer la regularización dominial, estableciendo un criterio uniforme para los municipios de toda la provincia.
El texto establece además que las municipalidades deberán adecuar sus ordenanzas fiscales, tarifarias, sistemas administrativos y plataformas digitales dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigencia de la norma. También prevé derogar aquellas disposiciones municipales que permitan cobrar por estas certificaciones.
La iniciativa, presentada en la Cámara de Diputados bonaerense bajo el expediente D-3216/26-27, lleva a Osaba como autor y suma el acompañamiento de otros legisladores. El eje de la propuesta es limitar un costo burocrático sin afectar las facultades municipales de fiscalización y recaudación.
