Avanza un proyecto en el Senado bonaerense para frenar maniobras abusivas y proteger la vivienda única

La comisión de Legislación General del Senado de la Provincia de Buenos Aires dio un paso clave al dar despacho favorable al proyecto presentado por el legislador del peronismo, Pedro Borgini. La propuesta busca modificar la Ley 14.432 de Protección de Vivienda Única y de Ocupación Permanente, con el objetivo de reforzar las garantías legales y evitar que las familias bonaerenses pierdan su hogar producto de endeudamientos o abusos financieros.

La norma vigente desde noviembre de 2012 resguarda los inmuebles destinados a vivienda única familiar declarándolos inembargables e inejecutables. Si bien el espíritu original de la ley permite al titular renunciar a esa protección bajo ciertas circunstancias —como para acceder a créditos bancarios que exigen garantías hipotecarias—, el contexto económico actual encendió las alarmas en la Legislatura provincial.

El creciente endeudamiento de los hogares bonaerenses y las situaciones de vulnerabilidad financiera llevaron a un aumento en la firma de préstamos bajo condiciones usurarias. En muchos casos, los propietarios terminan firmando renuncias a la protección de sus viviendas mediante contratos o instrumentos privados con cláusulas ambiguas y poco claras que no permiten dimensionar los riesgos reales de perder el patrimonio.

Para hacer frente a esta problemática, la iniciativa impulsada por Borgini establece requisitos estrictos en caso de declinar la inembargabilidad de la propiedad. De aprobarse, toda renuncia deberá formalizarse de forma obligatoria mediante escritura pública o acta notarial. Asimismo, el escribano interviniente tendrá la responsabilidad legal de brindar información veraz, precisa y detallada sobre el alcance jurídico y las consecuencias patrimoniales del acto.

Otro de los puntos centrales del proyecto es la incorporación del asentimiento obligatorio del cónyuge o conviviente cuando el inmueble constituya el hogar familiar. Si la persona que renuncia es casada o mantiene una unión convivencial y su pareja se opone, se encuentra ausente o cuenta con capacidad restringida, el trámite requerirá una autorización judicial previa donde se constate que el interés familiar no resulta comprometido.

A su vez, la reforma aborda el aspecto económico del trámite fijando un tope a los honorarios del notario actuante, los cuales no podrán superar el 1% de la valuación fiscal del inmueble o del monto del contrato que motiva la decisión, aplicándose siempre la cifra de menor valor.

Tras conseguir el aval en la comisión de Legislación General —donde también se evalúa un proyecto complementario sobre los procedimientos de inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble presentado por el legislador Feliú—, la iniciativa quedó lista para ser debatida en el recinto del Senado. Se prevé que la propuesta reciba el apoyo del resto de las bancadas para convertirse en ley y blindar el techo de miles de familias en todo el territorio bonaerense.