Pagano expuso supuesto "tarifario" de gobernadores y denunció que Milei usó fondos viales para "comprar" leyes

La interna y las tensiones en el escenario político nacional sumaron un nuevo capítulo de alto impacto. La diputada nacional Marcela Pagano volvió a apuntar duramente contra la gestión del presidente Javier Milei al denunciar el supuesto desvío e instrumentalización de fondos destinados a infraestructura vial para la obtención de gobernabilidad e influenciar votaciones clave en el Congreso de la Nación.

Bajo la premisa de que “hay gobernadores que tienen precio”, la legisladora dio a conocer una detallada reconstrucción que, según sostiene, prueba la existencia de un “tarifario” mediante el cual la Casa Rosada habría garantizado el respaldo de mandatarios provinciales a proyectos normativos, decretos y vetos presidenciales.

“El dato madre: cuando cargás combustible estás pagando un impuesto que alimenta un fideicomiso destinado exclusivamente a obras viales. Pero Milei lo usó para comprar leyes”, disparó Pagano al dar inicio a una nueva serie de publicaciones.

El mecanismo: triangulación y retribución provincial

De acuerdo con el esquema expuesto por la parlamentaria, los giros económicos no habrían sido dirigidos de manera directa a los legisladores individuales. Por el contrario, la operatoria pasaba por organismos viales provinciales o empresas contratistas con obras adjudicadas en cada distrito.

A cambio de habilitar las transferencias a los distritos, la administración nacional habría exigido que los legisladores que responden políticamente a esos gobernadores emitieran sus votos favorables —o sus abstenciones estratégicas— según la conveniencia de la Casa Rosada.

Cronología de giros y votaciones decisivas

Para respaldar sus severas acusaciones, Pagano presentó un desglose cronológico apoyado en actas y datos oficiales del fideicomiso financiado con la recaudación del impuesto a los combustibles:

Ley Bases (Junio de 2024): Pagano aseguró que el fondo permaneció seis meses sin efectuar pagos de obras, pero la situación cambió de manera drástica el 10 y 11 de junio, cuando se desembolsaron $4.308 millones. Apenas horas después, el 12 de junio, el Senado trató la Ley Bases en una votación empatada en 36 votos. “Y la canilla se abrió la víspera”, remarcó.

Sanción definitiva en Diputados (27 de junio de 2024): Se autorizaron giros por $3.262 millones, con casi $1.000 millones destinados al corredor del norte.

Veto al Financiamiento Universitario (9 de octubre de 2024): El mismo día en que el Congreso ratificó la medida presidencial, se concretaron pagos por $3.186 millones.

DNU por el acuerdo con el FMI (19 de marzo de 2025): Mientras la Cámara baja aprobaba la medida, durante la jornada y el día previo no hubo transferencias, pero 48 horas después se liberaron $6.596 millones, con un fuerte impacto en la provincia de Santa Cruz.

El caso Misiones y las fisuras de bloques por provincia

Uno de los puntos más agudos de la denuncia se enfoca en la jornada del 20 de agosto de 2025, cuando el Congreso sostuvo el veto al aumento jubilatorio. En esa sesión, el resultado dependió de un margen acotado de seis votos y contó con la colaboración clave de la bancada misionera, que optó por la abstención simultánea.

Pagano evidenció las fracturas de comportamiento según la terminal política de cada mandatario: los cuatro diputados alineados con el dirigente misionero Carlos Rovira se abstuvieron, mientras que los tres representantes salteños vinculados al gobernador Gustavo Sáenz votaron en contra.

“El bloque se partió por gobernador, no por ideas: los 4 de Rovira se abstuvieron; los 3 de Sáenz votaron en contra. Primero el voto. Después el pago”, aseveró la diputada.

Las transferencias viales vinculadas a esa semana alcanzaron la cifra de $20.983 millones, marcando el desembolso acumulado más abultado de todo el año 2025. En ese marco:

Tucumán percibió $945 millones el 21 de agosto, en coincidencia con debates parlamentarios sobre el futuro de Vialidad Nacional.

Misiones recibió $4.421 millones el 26 de agosto, a seis días de la abstención de sus representantes.

Ampliación de la denuncia en la Justicia Federal

La legisladora confirmó que estos antecedentes fueron incorporados formalmente como ampliación de la denuncia que ya radicó ante los tribunales federales. Subrayó además que el planteo no descansa en especulaciones políticas: “Con actas oficiales, montos y fechas, no con relatos”.

El objetivo judicial de la presentación es determinar si la asignación discrecional de recursos públicos fue utilizada como un mecanismo ilegítimo de presión o recompensa sobre los representantes del Poder Legislativo.

“Los votos de tu legislador no pueden tener precio. Y si lo tuvieron, se tiene que saber”, concluyó Pagano, quien anticipó que continuará publicando pruebas y que en su próximo informe revelará “el precio para frenar una ley y que no se sancione”.