El mapa energético de la provincia de Buenos Aires cruje ante los efectos de la desregulación económica implementada por el Gobierno nacional de Javier Milei. La masiva migración de grandes empresas hacia el mercado mayorista eléctrico generó un doble impacto negativo en territorio bonaerense: dejó en jaque la recaudación de los municipios y minó la competitividad de más de 200 cooperativas eléctricas locales.
Frente a este escenario, un proyecto de ley comenzó a avanzar a paso firme en las comisiones de la Legislatura bonaerense.
La iniciativa es del diputado radical Matías Civale, quien remarcó a PROVINCIA NOTICIAS que “el espíritu de la iniciativa busca subsanar un vacío legal técnico pero con un altísimo impacto económico para las arcas municipales y las pequeñas distribuidoras”.
El nudo del conflicto: la tarifa "T5" y la fuga de aportes
El sistema de distribución eléctrica contempla distintos segmentos tarifarios: residenciales, comerciales, grandes usuarios y la denominada tarifa "T5". Esta última corresponde exclusivamente al transporte de energía. Se aplica cuando una industria o gran empresa compra la electricidad de manera directa en el mercado mayorista; en consecuencia, la distribuidora local (o cooperativa) solo le cobra el peaje por llevar esa energía ya adquirida hasta la planta.
El problema radica en el marco regulatorio histórico. La ley establecía que la contribución del 6 por ciento —un canon que pagan los usuarios y que se transfiere de forma directa a las municipalidades— se cobraba de manera exclusiva sobre el concepto de "venta" de energía. Al pasar al esquema de transporte (Tarifa T5), ese 6 por ciento quedaba automáticamente fuera del cálculo.
Con el nuevo escenario nacional, se produjo una decisión masiva de las grandes empresas de puentear a los proveedores locales y comprar directamente en el mercado mayorista. Esta jugada les permitió abaratar costos drásticamente, no solo por la escala de compra, sino por la eliminación de dicha tasa del 6 por ciento.
Alerta en los distritos y cooperativas
Las consecuencias del éxodo corporativo no tardaron en impactar en el interior provincial. Casos emblemáticos como el de la cooperativa de Balcarce o firmas vinculadas al sector agrícola exponen la fragilidad del sistema actual. Las más de 200 cooperativas bonaerenses perdieron a sus clientes de mayor volumen de facturación, quedando en una flagrante desigualdad de condiciones para competir frente al mercado mayorista.
En paralelo, los intendentes vieron cómo se esfumaban de la noche a la mañana recursos significativos destinados al financiamiento de obras y servicios locales, debido a que las industrias radicadas en sus distritos dejaron de aportar el canon del 6 por ciento.
En busca de igualdad de condiciones
La propuesta legislativa que se debate por estos días apunta a corregir esta asimetría. El proyecto plantea garantizar que los municipios perciban dicho financiamiento de manera obligatoria, independientemente de si las corporaciones compran la energía en el mercado mayorista o a la distribuidora local.
De aprobarse, la norma devolverá herramientas de competitividad a las cooperativas de pueblo y blindará los fondos municipales en un contexto de fuerte asfixia presupuestaria. Tras cosechar los primeros avales institucionales, los impulsores de la medida confían en un rápido dictamen en las comisiones restantes para habilitar su tratamiento inmediato en el recinto de la Cámara Alta.