La crisis entre el gobierno municipal de San Pedro y los trabajadores sumó un capítulo explosivo. El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) denunció al intendente Cecilio Salazar por la presunta retención y desvío de más de $180 millones correspondientes a aportes sindicales descontados de los salarios de los empleados comunales.
La presentación judicial fue realizada ante la Justicia bonaerense y apunta a una maniobra que, según el gremio, se habría sostenido durante varios meses. La acusación es contundente: los fondos fueron descontados de los haberes de los trabajadores, pero nunca llegaron a las cuentas de la organización sindical.
El encargado de llevar el reclamo a los tribunales fue el secretario general del STM, Juan Cruz Acosta. Desde el sindicato aseguran que el faltante ya supera los $180 millones y advierten que la situación afecta seriamente las finanzas de la entidad y distintos beneficios destinados a los afiliados.
La denuncia llega en medio de una guerra abierta entre el Ejecutivo local y los municipales. El conflicto se arrastra desde fines de 2025, cuando comenzaron las negociaciones salariales para intentar compensar la pérdida del poder adquisitivo.
Según el gremio, desde entonces se sucedieron medidas que interpretan como represalias contra la organización sindical. Entre ellas, mencionan interrupciones en pagos vinculados a la actividad gremial y presuntos incumplimientos del Convenio Colectivo de Trabajo.
Pero la ofensiva judicial no termina ahí. La presentación también alcanza a funcionarios de la administración municipal por supuestas irregularidades administrativas.
En paralelo, el sindicato impulsó otra denuncia relacionada con la presunta alteración de documentación laboral vinculada al convenio colectivo vigente. Un expediente que, aseguran, ya comenzó a moverse en la Justicia.
Mientras tanto, la tensión sigue escalando. Esta semana el STM lanzó un paro de actividades y volvió a reclamar la reapertura urgente de las paritarias. También exige recategorizaciones, mejoras laborales y el pago de conceptos adeudados.
Desde el sindicato sostienen que la situación económica de los trabajadores se volvió cada vez más crítica por la falta de acuerdos salariales y la ausencia de respuestas concretas del gobierno local.
Con esta nueva denuncia, la gestión de Salazar enfrenta un frente judicial de alto impacto político. El gremio promete avanzar "hasta las últimas consecuencias" para esclarecer qué ocurrió con los fondos cuestionados, mientras la Justicia comienza a analizar una causa que amenaza con profundizar uno de los conflictos más calientes de San Pedro.