La discusión sobre la seguridad en la provincia de Buenos Aires continúa y Séptima sección tuvo su debate. Bolívar fue escenario de un encuentro que reunió a los intendentes de la región, legisladores y funcionarios provinciales para comenzar a analizar posibles modificaciones a la Ley 12.154 de Seguridad Pública, una norma que lleva más de dos décadas vigente y que para muchos necesita adaptarse a una realidad muy distinta a la que existía cuando fue sancionada.
La convocatoria no fue una reunión más porque dejó una foto ampliada. Estuvieron presentes el jefe comunal anfitrión, Eduardo Bucca y sus pares Maximiliano Wesner de Olavarría, Nelson Sombra de Azul, Maximiliano Sciaini de Roque Pérez, Ramón Capra de General Alvear, José Luis Salomón de Saladillo, Gustavo Cocconi de Tapalqué y el presidente del Concejo Deliberanrte de 25 de Mayo, Javier de Marcos. Por la Provincia estuvieron el Subsecretario de Fiscalización y Control Policial Ministerio de Seguridad, Andrés Escudero, y el titular de la Subsecretaría de Articulación Institucional para la Seguridad del Ministerio de Seguridad, Eduardo Aparicio y también los senadores provinciales, Marcos Pisano y Evelyn Díaz.
En tiempos donde la inseguridad se mantiene entre las principales preocupaciones de los bonaerenses, la decisión del Ministerio de Seguridad de abrir foros regionales refleja, a priori, la intención de construir una reforma con participación de los municipios, actores que en los últimos años fueron asumiendo un rol cada vez más importante en las políticas preventivas.
La foto que dejó el encuentro en Bolívar fue significativa. Intendentes de distintos espacios políticos compartieron una misma mesa para discutir un tema que atraviesa a todos por igual. Estuvieron presentes además de alcaldes de distintos signos políticos de la zona, responsables de seguridad de los municipios y también legisladores y funcionarios provinciales. La amplia representación regional mostró que, más allá de las diferencias partidarias, existe una coincidencia respecto de la necesidad de debatir nuevas herramientas para abordar la seguridad.
A diferencia de décadas atrás cuando la Ley que se busca modificar se creó, la seguridad ya no se limita exclusivamente a la actuación policial. El monitoreo urbano, los centros de prevención, la videovigilancia, la coordinación con la Justicia y la participación de los municipios son aspectos que han ganado relevancia en los últimos años y que difícilmente puedan quedar afuera de cualquier reforma.
También existe una lectura política detrás de estos encuentros. El gobierno de Axel Kicillof viene colocando a la seguridad entre las prioridades de gestión y ha impulsado distintos programas de financiamiento y fortalecimiento para los municipios bonaerenses. En ese contexto, la discusión de una reforma legal aparece como un paso más dentro de una estrategia que busca actualizar el marco normativo y reforzar la articulación entre Provincia y comunas. (Séptima Sección)
Sin embargo, el verdadero desafío comenzará cuando las conclusiones de estos foros deban transformarse en proyectos concretos. Allí aparecerán las diferencias sobre competencias, responsabilidades y recursos. Porque hablar de seguridad también implica discutir financiamiento, tecnología, recursos humanos y capacidad operativa.
La reforma de la Ley de Seguridad Pública todavía está en etapa de construcción. Pero si algo quedó claro en el encuentro realizado en Bolívar es que los municipios pretenden que la nueva legislación contemple las particularidades del interior bonaerense. En definitiva, son ellos quienes conviven diariamente con las demandas de los vecinos y quienes conocen de primera mano las necesidades de cada territorio.
Fuente: Séptima Sección