Instan al gobierno de Axel Kicillof a adherir a la ley nacional de imputabilidad de menores

El senador provincial del PRO, Guillermo Montenegro presentó un proyecto para que el gobierno de la provincia de Buenos Aires encabezados por Axel Kicillof adhiera a la ley 27.801, promulgada en Argentina en marzo de 2026 donde se establece el nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. 

En sus fundamentos Montenegro sostiene que “la sanción de la Ley 27.801 marca un avance considerable en materia del régimen penal juvenil. Esto marca la transición de una visión puramente tutelar del menor a una de responsabilidad penal respecto a los delitos cometidos, con amplia participación de la víctima y responde a la necesidad de actualizar la legislación vigente para hacer frente a los cambios socioculturales que han tenido lugar en las últimas décadas”.

Asimismo, explicó el intendente de Mar del Plata en uso de licencia que “la comisión de delitos por parte de menores de edad es un fenómeno que se ha instalado hace tiempo, y que se ha potenciado en los últimos años en todo el país, siendo muy grave en la Provincia de Buenos Aires”.

Detalló el legislador PRO que “según se desprende del Informe de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, durante el 2024 se registraron en la provincia de Buenos Aires un total de 1.802 imputaciones a niños, niñas y adolescentes en causas penales juveniles. Asimismo, un informe elaborado por la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia y UNICEF en 2023 reveló que el 52,1% del total de la población penal juvenil a nivel nacional se encontraba en la Provincia de Buenos Aires”.

Y agregó: “El mismo informe señaló que el 55,7% de los hechos penados fueron delitos contra la propiedad, mientras que el 15,5% fueron delitos contra las personas”.

Aseguró además el ex fiscal de la Ciudad de Buenos Aires que “en cuanto al sistema de sanciones, en línea con la ley nacional, se promueve un enfoque escalonado progresivo, flexible y revisable, orientado a la reintegración social del adolescente”.

Para finalizar, Guillermo Montenegro sentenció: “Se priorizan las medidas no privativas de libertad y se establece un catálogo de sanciones diversificado, que incluye herramientas de contenido educativo, laboral, comunitario y terapéutico, reservando la privación de libertad como último recurso y por el menor tiempo posible y garantizando el acceso a la asistencia médica, psicológica y psiquiátrica necesaria para garantizar una reinserción efectiva”.