El intendente del Partido de La Costa, Juan de Jesús, cuestionó con dureza la política económica del Gobierno nacional y advirtió sobre el impacto directo que la caída de recursos coparticipables tiene en los municipios bonaerenses, tanto en la ejecución de obras como en el funcionamiento cotidiano de las comunas.
El jefe comunal sostuvo que la situación financiera que atraviesan las provincias repercute de manera inmediata en los distritos locales y en la vida diaria de los vecinos.
“La asfixia financiera que el Gobierno nacional impone sobre las provincias, y en especial sobre la de Buenos Aires, también perjudica a los municipios y a nuestra comunidad. Cuando se retienen recursos que corresponden, se frenan obras, inversiones y respuestas concretas”, afirmó.
De Jesús planteó que el recorte de fondos no solo representa una discusión administrativa entre jurisdicciones, sino que tiene consecuencias económicas y sociales visibles.
“El ajuste como forma de dominación solo trae parálisis económica, menos consumo y menos trabajo”, agregó, al advertir sobre el efecto recesivo que, según su mirada, generan las políticas de reducción del gasto público.
El planteo del intendente se enmarca en un escenario de fuerte tensión fiscal entre la Nación y las provincias. Durante el primer año de gestión del presidente Javier Milei, las transferencias automáticas y discrecionales hacia los distritos provinciales registraron una marcada retracción, mientras la coparticipación federal acumula varios meses consecutivos de caída real producto de la desaceleración económica y la menor recaudación tributaria.
En ese contexto, el gobernador bonaerense Axel Kicillof reunió a los 135 intendentes de la provincia para analizar el impacto financiero y avanzar en una nueva presentación judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. La administración provincial sostiene que la reducción de transferencias y la paralización de obras públicas nacionales generaron una pérdida millonaria para Buenos Aires, situación que —según remarcan desde los municipios— limita la capacidad de sostener servicios, infraestructura y políticas locales en un contexto de retracción económica generalizada.