En municipio kircillofista denuncian que una ex estación de servicio podría explotar y generar una tragedia

Así lo advirtió la concejal del PRO Clarisa Armando, especialista en ingeniería ambiental, al denunciar la grave irregularidad en la habilitación de un supermercado construido sobre el predio de una ex estación de servicio, ubicado en Avenida 3 y Paseo 132, en Villa Gesell.

Lo que comenzó como un trámite administrativo hoy se transformó en un problema serio de seguridad pública. El terreno donde actualmente funciona el comercio albergó durante años tanques de combustible subterráneos, lo que, según la normativa vigente, exige estudios ambientales, hidrogeológicos y tareas de remediación específicas antes de autorizar cualquier cambio de uso del suelo.

“Si esos procedimientos no se realizaron, o se hicieron de manera incorrecta, estamos frente a un riesgo real: esa esquina puede explotar literalmente”, advirtió Armando, quien remarcó que no existen hasta el momento pruebas documentales suficientes que certifiquen la correcta remoción de los tanques ni la descontaminación del suelo.

La situación adquiere una gravedad institucional aún mayor por el contexto político que rodea al expediente. La presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Marilina Córdoba, es familiar directa del anterior propietario del terreno, quien habría transferido el inmueble como pasivo ambiental, conservando responsabilidad legal de por vida sobre cualquier daño derivado de su uso.

Pese a ello, el expediente no fue puesto a disposición de los concejales, y desde la oposición denuncian que la presidencia del HCD bloqueó el tratamiento del caso en sesión extraordinaria, mientras el Ejecutivo municipal mantiene la documentación fuera del alcance del control legislativo.

“Estamos hablando de transparencia, de legalidad y de cuidar la vida de los vecinos. Ocultar expedientes y acelerar habilitaciones no es gobernar, es poner en peligro a la comunidad”, sostuvo Armando.

Ante este escenario, la concejal anunció la presentación de una denuncia por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público ante la UFEC del Departamento Judicial de Dolores, además de actuaciones ante la Policía Ambiental de Mar del Plata, la Secretaría de Energía de la Nación y el OPDS.

Las responsabilidades políticas apuntan directamente al intendente Gustavo Barrera, quien habilitó el funcionamiento del supermercado sin garantizar que se hayan cumplido todos los requisitos ambientales, y a la familia Córdoba, responsable del pasivo ambiental del predio.

Desde la oposición advierten que este caso no puede analizarse de manera aislada. Años atrás, en la misma localidad, la falta de controles municipales derivó en el derrumbe del Hotel Dubrovnik, una tragedia que provocó la muerte de ocho personas y dejó en evidencia un patrón de desidia, controles laxos y un Estado que llega tarde.

La concejal insistió en que no se trata de una persecución política ni de un ataque a comerciantes, sino de exigir que se cumpla la ley y que las decisiones administrativas no se tomen a espaldas de la seguridad pública.

“Cuando el Estado no previene, las consecuencias las paga la gente. Villa Gesell no puede tolerar otra tragedia evitable”, concluyó.