Presentan en el Senado un proyecto para declarar preocupación por la sanción del DNU de inteligencia

La senadora provincial Mónica Macha presentó en las últimas horas un proyecto de declaración donde se expresa la profunda preocupación por la sanción del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 941/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, mediante el cual se introducen modificaciones sustanciales a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, por considerar que las disposiciones allí contenidas implican una regresión en materia de derechos humanos, transparencia democrática y contralor sobre las actividades de los organismos de inteligencia, contrariando principios constitucionales que rigen la actuación del Estado en un sistema republicano de gobierno.

En sus fundamentos, Macha explicó que “el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 941/2025 dispone una reforma integral del Sistema de Inteligencia Nacional, redefiniendo competencias, funciones y estructuras orgánicas sin intervención del Congreso de la Nación. Tal decisión resulta jurídicamente inaceptable, toda vez que no se verifica aquí una situación excepcional que justifique el apartamiento del procedimiento legislativo ordinario que establece el artículo 99 inciso 3° de la Constitución Nacional”.

Aseguró además la senadora que “las modificaciones introducidas amplían de manera significativa las facultades de los organismos de inteligencia, estableciendo el carácter encubierto de toda su actividad, habilitando la aprehensión de personas en casos de flagrancia y creando nuevas agencias con competencia en el ámbito digital y de comunicaciones. Estas disposiciones, lejos de fortalecer el control democrático, concentran el poder operativo y presupuestario en la Secretaría de Inteligencia de Estado y debilitan los mecanismos de supervisión parlamentaria, judicial y civil previstos por la Ley 25.520 en el marco de los derechos y garantías que asegura nuestra Carta Magna”.

Agregó además la legisladora cristinista que “desde la perspectiva de los Derechos Humanos, el citado DNU afecta garantías esenciales reconocidas en los artículos 18, 19 y 43 de la Constitución Nacional, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Aseguró Macha que “la habilitación de tareas de vigilancia digital, la utilización de bases de datos civiles y la posibilidad de aprehensión por parte de personal de inteligencia constituyen una amenaza directa a los derechos a la privacidad, la libertad personal y la libertad de expresión. La historia institucional argentina demuestra los peligros de un aparato de inteligencia sin límites ni controles efectivos. El fortalecimiento democrático exige mantener una estricta separación entre inteligencia, seguridad interior y defensa nacional, con plena sujeción a los principios de legalidad, proporcionalidad y control civil”.

También remarcó la legisladora moronense que “cualquier reforma en este ámbito debe ser debatida en el Congreso de la Nación, con participación de expertos, organismos de Derechos Humanos y sociedad civil, en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino. Por todo lo expuesto, este Senado manifiesta su preocupación y exhorta al Congreso de la Nación a ejercer el control previsto en la Ley N° 26.122, garantizando el respeto irrestricto a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos que integran su bloque de constitucionalidad. La defensa de las libertades públicas y del Estado de Derecho requiere que las políticas de inteligencia se ajusten a los más altos estándares de transparencia, legalidad y responsabilidad democrática”.