El campo bonaerense alerta por un proyecto de ley donde se propone declarar al suelo de interés público

El Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la PBA presentó en la Comisión de Asuntos Agrarios del Senado un proyecto donde se declara que la protección del suelo y agua es de interés público (Cap. I). Esto abre la puerta a que el Estado tenga un poder superior sobre la tierra privada, desplazando el derecho de propiedad.

Asimismo, sostiene la iniciativa que es obligación de productores y privados a “colaborar” (Cap. I y III). Establece que todas las personas físicas o jurídicas tienen la obligación de colaborar y aplicar prácticas obligatorias de conservación.

En tanto, se expresa en el polémico proyecto que los planes de uso y manejo solo pueden ser firmados por Ingenieros Agrónomos matriculados en El Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la PBA”. “De esta manera, convierte a los productores en rehenes de una corporación que cobra honorarios obligatorios” dicen los que rechazan el boceto de legislación presentado.

Dichos planes de uso y manejo del suelo son obligatorios (Cap. V), “deben contemplar 4 años de proyecciones, cumplir con catálogos oficiales de prácticas y ser aprobados por la autoridad”.

También denuncian los opositores que se crean Distritos de Cuidado del Suelo y Agua definidos por el Estado (Cap. IV) y “se obliga a productores a integrarse en Consorcios (asociaciones forzadas), cuando el Estado considere que ciertas prácticas deben aplicarse en conjunto”.

Se ofrecen beneficios impositivos a quienes cumplan y sanciones (multas, exclusiones de planes, pérdida de beneficios) a quienes no lo hagan. (Cap. VI), y ante eso, remarcaron que “es un sistema de premios y castigos estatal, un régimen de clientelismo regulatorio, donde el productor solo obtiene ventajas fiscales si obedece las directivas del gobierno”.

En tanto, el proyecto crea organismos colegiados integrados por profesionales, ONGs y representantes designados por el Estado, con capacidad de recomendar, evaluar e intervenir en los planes generando, dicen “más burocracia, más poder para corporaciones y ONG’s con agendas ideológicas, menos libertad para el productor”.

Por último, el proyecto que aún no tiene un senador que se haga cargo de llevarlo a comisiones y luego a recinto propone crear un fondo especial financiado con el 0,08% del Presupuesto Provincial, multas y donaciones (Cap. IX), administrado como fideicomiso público, en conjunto con la Mesa Provincial.

“Si bien suena muy lindo, es muy malo y peor aún, en las manos equivocadas, puede volverse una herramienta de persecución, un esquema de control y terminar violando de la propiedad privada, además de generar gasto público y mayor burocracia” apuntó un legislador opositor.