Exolgan: el imperio de la precarización que Jorge Ferraresi premia con millones

La polémica extensión por 10 años otorgada a Exolgan para operar en el Puerto Dock Sud, impulsada por el intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi, no solo levanta sospechas sobre los vínculos entre la administración municipal, la empresa y ciertos sectores sindicales, sino que también pone al descubierto un complejo esquema de precarización laboral que afecta a cientos de trabajadores.

El grupo Exolgan ITL, que se autodefine como la terminal de contenedores más importante de Argentina y una de las más reconocidas de Sudamérica, mantiene a aproximadamente 200 trabajadores en condiciones laborales cuestionables a través de su empresa tercerizada Exologística. A pesar de realizar tareas netamente portuarias, estos empleados están encuadrados bajo el convenio de camioneros, lo que resulta en salarios significativamente menores a los que les corresponderían.

"Los fundamentos del rechazo no son solo formales", enfatiza el intendente de Lanús y director del puerto, Julián Álvarez, quien advierte que esta decisión consolida un modelo de gestión donde los intereses privados prevalecen sobre el bienestar comunitario. La situación se agrava al considerar que la empresa se ahorra aproximadamente un 60% en salarios y cargas sociales por cada trabajador mediante este esquema de contratación.

Las cifras son contundentes: un estibador bajo el convenio de camioneros percibe un básico de $467.468,79, cuando bajo el convenio del Sindicato Unido Portuarios Argentinos (SUPA) debería cobrar más de un millón de pesos. Similar situación enfrentan los conductores de "toritos" (máquinas especializadas para mover contenedores), quienes cobran $506.954,16 cuando deberían percibir cerca de $1.200.000.

A pesar de que casi 150 trabajadores lograron afiliarse al SUPA, sus salarios continúan regidos por el convenio de camioneros, aunque sus tareas no tienen relación alguna con el transporte terrestre. Este conflicto de encuadramiento laboral se encuentra estancado desde 2022 en el ex Ministerio de Trabajo (expediente EX-2022-97357537- -APN-DGD#MT), sin que las sucesivas gestiones hayan resuelto la situación.

En este contexto, la extensión de la concesión, que incluye una inversión de US$ 95 millones para la ampliación portuaria, ha generado preocupación no solo por sus impactos ambientales y en la infraestructura urbana, sino también por la perpetuación de estas prácticas laborales cuestionables. Los municipios de Lanús y Quilmes, que ya mantienen una causa judicial por daños y perjuicios, han manifestado su preocupación por el timing de esta extensión y las circunstancias poco claras en las que se ha desarrollado el proceso de aprobación.

La oposición cuestiona especialmente los mecanismos de adjudicación directa y las relaciones preexistentes entre Ferraresi, Exolgan y los representantes sindicales involucrados, mientras los trabajadores, que esperaban una resolución con la nueva gestión libertaria, continúan en el limbo laboral.

Esta controversia suma un nuevo capítulo al debate sobre la gestión del puerto y sus implicaciones para la región, mientras crece el escrutinio sobre las relaciones entre el poder político local, las empresas privadas y los sindicatos en la administración de recursos públicos estratégicos, al tiempo que cientos de trabajadores continúan esperando una resolución que normalice su situación laboral.