En municipio piden a ediles tratar la emergencia económica: “es complicado esperar hasta marzo”

En el marco de la compleja situación que atraviesa el país y la provincia, el intendente de Chascomús, Javier Gastón, envió días atrás al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza en el que se solicita la declaración del estado de emergencia económica, administrativa y financiera, social, sanitaria y de servicios públicos para el municipio. Desde el Ejecutivo requieren al cuerpo deliberativo “urgente tratamiento”.

La iniciativa tiene por objeto la adhesión a leyes provinciales que declaran la emergencia y que fueron prorrogadas a través de la Ley 15.480, hasta el 31 de marzo de 2025.

Y en el proyecto se explicó que “con el deterioro de la situación fiscal producto de las medidas económicas anunciadas a nivel nacional y el impacto a nivel local que tendrán la aplicación de las disposiciones previstas en el DNU 70/23, resulta imprescindible en este contexto contar con herramientas de gestión que le permitan a este gobierno garantizar el funcionamiento del Estado, responder a las necesidades de la población y brindar los servicios que son de su competencia”.

El secretario de Hacienda municipal, Juan Facundo Alfonsín, se refirió hoy a la importancia de contar en el corto plazo con la declaración de emergencia para afrontar la complicada situación económica.

“Es urgente tomar medidas y avanzar en un plan de emergencia para garantizar la prestación de los servicios indispensables y, al mismo tiempo, poder hacer frente a las urgencias y demandas en materia social, sanitaria y de seguridad que ya comenzaron a multiplicarse”, manifestó.

Asimismo, el funcionario indicó que “la situación está realmente muy complicada, por eso solicitamos el tratamiento urgente de la ordenanza porque es muy complicado esperar hasta marzo para empezar a tomar medidas”.

En ese sentido, explicó que hubo una importante suba en los costos de los insumos necesarios para brindar servicios y continuar obras. Además, detalló que lo mismo empezó a pasar en otros rubros, principalmente alimentos, combustibles, medicamentos, repuestos y reparaciones de vehículos y maquinarias.

“En noviembre el combustible para prestar los servicios salía 11 millones y hoy sale 30. Es casi imposible reducir costos sin reducir servicios por lo que hay organizar planes de emergencia para tratar de prestarlos, quizás con menor frecuencia”, indicó.

Alfonsín también señaló que se espera una “estatización” de la población: “Al revés de lo que pretende el estado nacional, al subir el monto de los medicamentos, de las prepagas, de las escuelas privadas, la gente no va a poder cubrir esos costos y va a reemplazarlos por el sistema público y la primera ventanilla es la municipalidad”.

“La realidad es que los ingresos municipales no crecen en esa proporción, ni la coparticipación ni los fondos propios, más allá de todas las gestiones y los esfuerzos que estamos haciendo a nivel administrativo para generar una eficiencia en el cobro de tributos”, consideró.