Por qué el peronismo dice que “La patria no se vende”

Los partidos políticos que integran Unión por la Patria expresaron un total apoyo al paro nacional previsto por el movimiento obrero y organizaciones sociales para el 24 de enero de 2024, contra el avance antidemocrático que significan el DNU 70/23 de Javier Milei y el proyecto de Ley Ómnibus en el cual el presidente pretende arrogarse facultades legislativas extraordinarias -la suma del poder público- hasta el año 2027.

Junto a los trabajadores y trabajadoras argentinas, acompañan a todas las iniciativas multisectoriales, marchas, protestas y reclamos que viene sosteniendo el Pueblo argentino a lo largo y ancho de nuestra Patria, reafirmaron que LA PATRIA NO SE VENDE y exigieron al Congreso el rechazo de estas iniciativas, tal como promueven nuestros representantes en ambas cámaras.

Asimismo, señalaron que “asistimos a un intento explícito de avanzar sobre nuestro pueblo y sus derechos, en claro beneficio de grandes grupos económicos, especuladores financieros nacionales y trasnacionales y potencias extranjeras, que históricamente pretendieron apropiarse de nuestro suelo y nuestros recursos. Tal proyecto de devastación popular y aniquilación de nuestra soberanía tiene al presidente Milei, su Gobierno y sus aliados como brazos ejecutantes y servidores y al endeudamiento perpetuo como su vehículo”.

En tanto, remarcaron que “el DNU y la Ley Ómnibus que hoy se debaten en la Argentina, suponen la instauración de un régimen político sin funcionamiento del Congreso de la Nación, sin pluralidad democrática y con un creciente y peligroso aumento de mecanismos represivos y de criminalización de la protesta social, en el cual -además de afectar a cientos de sectores en sus derechos económicos, sociales y políticos- se propone: La destrucción absoluta del sistema de protección social y jurídico de trabajadores y trabajadoras, pequeños y medianos empresarios, productores, profesionales, científicos y estudiantes de la Argentina”.

También explicaron que “la afectación de las conquistas sociales conseguidas por el conjunto del Pueblo argentino y, en particular, por los sectores más postergados (entre otros, el movimiento feminista), cuyas luchas han dado como resultado avances históricos en la consagración de derechos humanos que hoy se encuentran en riesgo”.

Y agregaron: “La desaparición de la matriz industrial y productiva en cada región de nuestra Patria, genuina generadora de trabajo y representada por el entramado PYME nacional; todo ello en beneficio de enormes negocios de algunos pocos grupos económicos concentrados y de la especulación financiera trasnacional, que constituyen la verdadera casta que afecta al país. La desintegración del territorio nacional a través de la entrega concreta de cientos de miles de hectáreas productivas y estratégicas a los fondos buitres y el saqueo de los recursos naturales, mineros y pesqueros por parte de intereses que en nada benefician a los argentinos; La renuncia al desarrollo tecnológico soberano, con destino de aplicación en el crecimiento de una industria nacional potente y generadora de empleo”.

Indicaron que “la venta y desguace de las principales empresas estratégicas para el desarrollo nacional; el desfinanciamiento de la educación pública, su declaración de servicio esencial para restringir el derecho de huelga y cercenar la Constitución y los recortes sobre el sistema universitario que forma el futuro de los argentinos y argentinas en toda nuestra Patria”.

En esa línea explicaron que “la destrucción del sistema de Salud, a partir del ajuste en la inversión estatal, el encarecimiento de insumos, equipamiento y medicamentos, la aniquilación de las obras sociales sindicales y la desregulación del precio de la medicina privada. La licuación de los ingresos de trabajadores y los haberes jubilatorios y el desmantelamiento de un sistema de seguridad social solidario y financieramente sostenible, a partir de la transferencia de ingresos del FGS a los actores del sistema financiero especulador”.

En definitiva, dijeron, “los partidos políticos abajo firmantes sumamos a esta convocatoria multisectorial, nuestros esfuerzos, nuestra militancia y nuestra legitimidad de años de vida y luchas democráticas, en la defensa de una Nación justa, soberana y libre, independiente de toda potencia extranjera, cuyas decisiones puedan ser tomadas en el marco de la institucionalidad democrática y popular, y en rechazo de entregar el destino de la Patria y del Pueblo a manos de gestores y voceros de fondos trasnacionales que, de aprobarse el paquete legal propuesto por Milei, Macri, Bullrich, Caputo y Sturzenegger, serán los nuevos dueños de la Argentina para siempre”.