Katopodis presentó un recurso ante la Suprema Corte para frenar el pago de una deuda a Edenor

El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, presentó ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense una acción para que se declare la “inconstitucionalidad, nulidad e inaplicabilidad” de una norma que obligaría al municipio a pagar una deuda a Edenor en concepto del uso de energía en los asentamientos.

La Municipalidad exige que la Justicia deje sin efecto “el Decreto Provincial N° 1289/2019 y del art. 104 de la Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Provincial N° 15.078 por desfinanciar y avasallar la autonomía municipal”.

Desde la gestión de Katopodis recordaron que a lo largo de este año el gobierno de María Eugenia Vidal “suscribió distintos acuerdos con las distribuidoras eléctricas” sin consultar a los municipios.

Advirtieron que según el artículo 104 de la Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Provincial, el costo de la tarifa de energía eléctrica correspondiente a los asentamientos debe ser asumido por la Provincia hasta la suma que por dicho concepto pagó en el ejercicio 2018. Los costos adicionales serán afrontados por los respectivos municipios, circunstancia que implica un grave perjuicio para las arcas comunales.

Amparándose en dicha norma, Edenor le reclama al municipio $152 millones de pesos en concepto de costo por consumo de energía eléctrica de los asentamientos ubicados en el partido. “De esta manera, se perjudican los derechos de los ciudadanos, privándolos de servicios, obras públicas y beneficios contemplados en el presupuesto aprobado por su Cuerpo Deliberativo”, alertaron desde la gestión municipal.

“Asimismo, el cálculo utilizado por la distribuidora está basado en la categoría R2, de consumos medios y altos, cuando en realidad el servicio que se brinda en los asentamientos es de mucha menor calidad”, señalaron las fuentes municipales.

Katopodis ya obtuvo una medida cautelar luego de presentar ante la Justicia el reclamo para que “ninguna autoridad puede imponer a los municipios gastos que ellos mismos no hubiesen autorizado, ni privarlos del derecho de invertir sus recursos en la forma que dispongan sus poderes legalmente constituidos”.

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