Fuerte respuesta de los ingenieros bonaerenses a quienes consideran su actividad como un “costo”

Desde el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA) rechazaron el contenido de una nota de opinión del abogado Enrique V. del Carril, en la que se minimiza la actividad de la entidad profesional, acusándola además de tener objetivos netamente recaudatorios, sin siquiera mencionar la relevancia del control de la actividad de los matriculados, a través de facultades delegadas por Leyes provinciales.

En evidente desconocimiento del funcionamiento de una Colegio Profesional, el autor de la nota sostiene que tanto el pago de la matrícula, como los visados de proyectos y hasta los aporte previsionales, son un “costo” agregado que solo busca sostener estructuras burocráticas y la cajas creadas por los mismos profesionales.

“La reducción de la protección y jerarquización de la profesión y de la seguridad social a la categoría de “costo” demuestra claramente al servicio de qué intereses están escritas esas líneas” cuestionó Norberto Beliera, presidente del CIPBA, y agregó que “la única conclusión a la que puede arribarse es que constituye un violento ataque a los colegios y cajas profesionales, y que no se trata de un desarrollo objetivo de argumentos para enriquecer la problemática de estas instituciones a la luz de la realidad argentina, sino que responde a intereses que no son los de los Ingenieros”.

“Las tasas de visado y los aportes previsionales, tienen como principal objetivo solventar los gastos operativos del contralor del ejercicio profesional, y las cajas tienen que llevar adelante el sistema previsional para los propios matriculados”, explicó Beliera y advirtió que “siguiendo esa línea de pensamiento ningún control podría llevarse a cabo, con la nefastas consecuencias que eso provocaría no solo para la ingeniería, sino también para el resto de las profesiones colegiadas”.

El presidente del CIPBA recordó además que “de acuerdo con lo establecido por el Art. 6 bis de la Ley 10416, el CIPBA “solo” controla cuatro aspectos en el visado previo obligatorio de la documentación: que el profesional cuente con perfil y alcance de título suficiente (incumbencias) para la tarea contratada, el cumplimiento del honorario mínimo, para que la competencia entre pares sea por su solvencia técnica y consecuente prestigio y no por “menor precio”; que se efectúe el aporte previsional del 10% del honorario percibido (en caso de corresponder); y que el Ingeniero no se encuentre purgando una sanción ética”.

Esas tareas además están determinados por las leyes de creación del Colegio Profesional, las que además le dan una entidad distinta a las de las asociaciones civiles, ya que son organismos creados por la legislatura bonaerense sobre las que el Estado provincial delega el contralor del ejercicio profesional y la organización del sistema previsional en el caso de las cajas.

“Un breve repaso por las responsabilidades del Colegio es más que suficiente para despejar las dudas y dejar en evidencia que el contenido de ese artículo es un disparate”, resaltó Beliera y aclaró que entre otras cosas los Colegios “impiden que la profesión sea ejercida por quienes no han cumplido con los requisitos de título y matriculación, comprueban la autenticidad de los diplomas presentados y también supervisan y vigilan el desempeño de los profesionales”.

Además a través de los Colegios se “disponen aranceles mínimos en relación a distintas prestaciones, cuidando la equidad entre la tarea realizada y los honorarios a percibir, lo que apunta a conservar la dignidad de la profesión, y la calidad del trabajo profesional”, tarea que se completa con la sanción de código de ética y el ejercicio de la potestad disciplinaria a través de un esquema de sanciones sobre el incumplimiento de los matriculados

“Y como si con todo eso no alcanzara, los Colegios también colaboran con los poderes públicos y entidades privadas que así lo solicitan y precisamente para ese fin es que se utilizan los recursos que se generan, por lo que reducirlos a un “costo”, solo habla de la mala intención y en el mejor de los casos del desconocimiento de parte del autor de la nota sobre la enorme responsabilidad de los colegios profesionales” concluyó Beliera.

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