Denuncian que la ley que regula los honorarios de los abogados es inconstitucional

Lo señala un tribunal de La Plata al considerar que son excesivos fijados teniendo un caso de divorcio como principal disparador y también al plantear inconstitucional el hecho de que los jueces que incurrirían en mal desempeño en sus funciones pueda alcanzarlos un Jury de enjuiciamiento tal como expresa la Ley 14.967 sancionada hace menos de un año.

Los montos se fijan en Ius y cada uno de ellos equivale al 1% del sueldo que percibe un juez de primera instancia por todo concepto y con 12 años de antigüedad. Por tal, se fijó el valor de cada Ius en $ 1.000.

Hasta entonces regía la ley 8904 en el que el valor del Ius se establecía sobre la base de un salario básico de un juez de primera instancia pero sólo con tres años de antigüedad. Esa cifra no alcanzaba los $ 437.

En La Plata un Juzgado de Familia que intervino en un divorcio donde varios puntos fueron acordados y había que homologarlo, fijó costas conforme a la ley sancionada por la Legislatura el año pasado en un total de 155 Ius, en pesos alcanza los $182.435.

Así quedó en manifiesto el fuerte aumento ya que un divorcio que costaba de honorarios unos $22.000 pasó a $43.000. Por tal, los jueces concluyeron que, en base a lo fijado por la ley sancionada por la Legislatura el año pasado, la provincia de Buenos Aires es la de más alto costo en un proceso de divorcio de todo el país, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el lugar donde divorciarse tiene el menor costo.

La misma ley estable que si se dispongan regulaciones menores a las previstas por la nueva normativa, los jueces que así lo hagan incurrirían en mal desempeño en sus funciones y puede alcanzarlos un Jury de enjuiciamiento.

Apelados los mismos, una sala de la Cámara de Apelación en lo Civil de La Plata declaró la inconstitucionalidad de la ley 14.967.

En los fundamentos los magistrados intervinientes expresaron que “Por la vía de amenazar con una causal de mal desempeño, el juez podría verse obligado a fijar el mínimo legal y explicar que lo decide así en razón de la obligación prevista en el artículo 16 de la ley 14.967 cuya sanción de tal manera evita, aún en contra de sus convicciones”. Y añadieron: “Reconocer, expresa o implícitamente, que se sigue una conducta para no ser sancionado es un fundamento racional pero no razonable. Tan racional como patético, en el sentido más profundo de esta palabra, que indica un padecimiento moral que conmueve profundamente causando un gran dolor y tristeza. No advierto mayor contradicción con las reglas de la justicia imparcial, los principios enarbolados en el Preámbulo de la Constitución y los principios lógicos más elementales que una decisión fundada en el temor a ser castigado”.

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