Repudian el Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad

portos

La diputada provincial del FpV, Lucía Portos presentó en la cámara un proyecto de resolusión declarando su oposición al “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas”.
A continuación, el proyecto.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires

Resuelve

Declarar su repudio a los criterios implícitos en el “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas”, elaborado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, y aprobado por el Consejo de Seguridad Interior, el 17 de febrero del corriente año; por los cuales se criminaliza la protesta y se diluyen los controles para la prevención del abuso de la fuerza por parte del personal de seguridad, en ocasión de protestas sociales.
El Consejo de Seguridad Interior aprobó el Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas a pedido de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien fue la responsable de darlo a conocer públicamente.
En primera instancia, nos manifestamos en contra del protocolo, ya que limita de manera inconstitucional el derecho a la protesta e insólitamente coloca al derecho de libre circulación de bienes y de personas por encima de aquel.
Para el nuevo gobierno del presidente Mauricio Macri, la calle es un foco de conflictividad. La ministra sostuvo: “queremos cambiar la cultura del corte” y, además, “generar un nuevo paradigma que genere cierto orden”.
Nosotros nos preguntamos cuál es ese “nuevo paradigma”, ya que al leer el protocolo detenidamente nos encontramos con la ampliación de facultades a las policías, con vulneración a la libertad de las personas, frente a la criminalización de la protesta y nos resulta familiar en la historia de nuestro país.
Nos resulta conocido, porque esta medida representa una vieja tradición de los gobiernos autoritarios, que es ante la decisión de achicar el Estado en detrimento de los derechos de las mayorías, se garantiza la absoluta presencia del mismo para reprimir y disolver, a través de las fuerzas de seguridad, cualquier manifestación que promueva la defensa de esos derechos vulnerados.
La ministra afirma que la calle es un caos. Entonces, ¿cuál es la manera correcta que tenemos los habitantes de esta Patria para que el gobierno que nos representa escuche las solicitudes y los reclamos de todos? Si a Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, referente histórica de los derechos humanos y reconocida internacionalmente, el presidente no le abre las puertas de la Casa Rosada, cómo pretende que si no es a través de las manifestaciones en la vía pública los argentinos hagamos escuchar nuestros reclamos frente a las medidas que nos perjudican.

El texto del protocolo lejos de regular el accionar de las fuerzas de seguridad en un marco de respeto por los derechos constitucionales, amplía las facultades de la policía, ya que único objetivo es disolver la protesta basado en el criterio de dar prioridad a la circulación, sobre la integridad de las personas y los derechos a manifestarse.
El instrumento da vía libre para reprimir, ya que permite que en caso que los manifestantes no desistan del corte, se encontrarán incursos en el delito estipulado en el artículo 194 del Código Penal y la policía procederá conforme a lo establecido en los delitos cometidos en flagrancia.
Entre los conceptos más polémicos, establece que tras un intento de negociación se intime a desalojar los cortes de calle “por medio de frases cortas y claras” para, luego, proceder “a intervenir y disolver la manifestación” mediante el uso de la fuerza, que deberá “limitarse siempre al mínimo posible”, sin establecer pauta alguna respecto de cuáles son los criterios, fases y responsabilidades implicadas en la definición de “posible”.
Con enunciados tan indeterminados, quedan en un limbo decisional cuestiones tan neurálgicas y caras a la cultura de la represión institucionalizada, como el uso de arma de fuego en las manifestaciones – prohibición que se había logrado en 2004 y que fue volcada en el ANEXO 1 de la resolución 210/2011- o el uso de balas de goma para
dispersar protestas, sobre cuyos efectos pueden ser consultados los niños integrantes de una murga del Bajo Flores, quienes, a los ojos de las fuerzas de seguridad desplegadas en ese contexto, se consideró a los ensayos murgueros, una amenaza inminente; y que limitarse al mínimo posible incluía tirar balas de goma y plomo sobre niños.
El Protocolo tampoco impone obligaciones respecto del uso de uniforme, ni de identificación de los policías y de sus móviles. Sumado ello al solapado retorno a la solicitud de documentos por portación de cara, queda explícito el criterio que aquí se repudia.
Respecto de nuestra provincia en particular, el Ministro de Seguridad, Sr. Cristian Ritondo, expresó en diversos medios, su “apoyo al Ministerio de Seguridad de la Nación en el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas” y agregó que “se va a continuar con el trabajo en equipo implementándolo en nuestro distrito”.
Creemos que la regulación presentada por la ministra vulnera derechos constitucionales y nos preocupa el cambio de concepción de las formas de actuación del Estado que está instaurando el nuevo gobierno frente a las vías de expresión de los argentinos y argentinas.

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