Policías de Olavarría reclaman a Casal alcaldía para el distrito


Desde hace varios meses todos los calabozos de la ciudad de Olavarría se encuentran clausurados por disposición ministerial. Los detenidos tienen que ser trasladados a distintas unidades de la zona, complicando de sobremanera las actuaciones judiciales con los consecutivos viajes. A la par, los aprehendidos cumplen su retención en la cocina u oficinas, afectando el transcurrir diario de las seccionales.
“Es vergonzoso, son falencias graves”. De esa forma, agentes policiales locales que por razones obvias prefirieron no revelar su identidad, comenzaron a desentrañar la situación que se vive día a día puertas adentro de las comisarías de la ciudad, donde desde hace ya unos meses se ha prohibido la utilización de los calabozos de cualquiera de las dependencias del partido de Olavarría. Por esa razón los detenidos tienen que ser trasladados a distintas unidades de la zona, complicando de sobremanera las actuaciones judiciales con los consecutivos viajes. A la par, los aprehendidos cumplen su retención en la cocina u oficinas, afectando el transcurrir diario de las seccionales. La situación se agrava con el paso del tiempo y con la demora en la construcción de la tan prometida alcaidía, iniciativa que está pronta a cumplir dos años.
A finales de agosto de 2010 el intendente José Eseverri anunció que remitiría al ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal un documento solicitando la construcción de una alcaidía destinada al alojamiento de “contraventores, aprehendidos y detenidos sin autos de prisión preventiva”, según se habría expresado en la solicitud.
Según se informó por aquel entonces, el 25 de agosto de ese año se efectivizó la entrega del documento, en el que se habría explicitado el interés de crear un establecimiento que tenga entre 50 y 60 lugares, estimación que se habría desprendido a partir de los datos manejados por el Juzgado de Garantías local, del doctor Carlos Villamarín.
La propuesta se enmarcaba en el planteo del propio Casal de generar ese tipo de sedes según lo expuesto en el Congreso Internacional de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal. Esas dependencias sirven para la concentración de los contraventores, aprehendidos y detenidos sin prisión preventiva en una misma estructura, lo cual también se traduce en una merma tanto en gastos materiales como en la cantidad de personal necesario. La iniciativa propuesta desde el Gobierno Municipal siempre pretendió que sea emplazada en terrenos del Servicio Penitenciario, en la localidad de Sierra Chica.
Sin embargo, nada de ello prosperó más allá de distintas menciones en declaraciones propinadas por fuentes oficiales desde ese entonces hasta la fecha. Inclusive, pocos días después del anuncio del envío del documento Eseverri se reunió con Casal junto a otros intendentes pero la solicitud no fue profundizada, en momentos que se exponía el programa denominado “Casas por Cárceles”, por el cual se pretendía la creación de dos alcaidías en la provincia de Buenos Aires.
Aun a pesar de que se trata de un proyecto pensado para las cabeceras departamentales (en el caso de Olavarría se depende de la Jefatura Departamental de Azul) el Intendente había expresado que “el número de detenidos que hay en Olavarría lo justificaría”.

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