Intendentes peronistas expresaron que Cambiemos “le quita derechos a los trabajadores”

“Los intendentes peronistas del interior de la Provincia de Buenos Aires, quienes día a día recibimos a nuestros vecinos y observamos las consecuencias concretas de las políticas públicas sobre la familia que vive en nuestros pueblos y ciudades, expresamos nuestra profunda preocupación por las reformas laboral y previsional que están siendo tratadas en estas horas por el Congreso de la Nación, por decisión del gobierno del Presidente Mauricio Macri y con el apoyo de distintos sectores de la política argentina”.

Así comienza el comunicado que los jefes comunales del Partido Justicialistas firmaron en pleno descontento con los proyectos de reformas que Cambiemos envió al Congreso nacional y a la legislatura provincial.

“El proyecto de Cambiemos impulsa una economía absolutamente alineada con los intereses del poder financiero, profundizando el endeudamiento año a año y subordinando los intereses nacionales a las imposiciones de los organismos multilaterales de crédito. Como ya ha ocurrido lamentablemente en nuestra historia, el desmedido endeudamiento externo, sumado a la definición de condiciones orientadas al exclusivo beneficio de la especulación financiera, termina hiriendo de muerte al sistema productivo real, con el consecuente impacto en los trabajadores y territorios de nuestra Argentina profunda. Una visión mercantilista de la economía como la que lleva adelante el presidente Macri y un equipo de ministros que en casi todos los casos tienen inversiones financieras millonarias en el exterior, muchas de ellas a través de empresas off shore ubicadas en paraísos fiscales, coloca al hombre y la mujer de nuestra provincia y de toda la Argentina en la delicada situación de poner en riesgo su trabajo y la localización de sus familias en el interior productivo”, expresaron.

Asimismo, consideraron que “a esa flexibilización de hecho, impuesta por el aumento indiscriminado de las importaciones que golpea el sistema industrial PyME y el clima de despidos masivos garantizado por la inacción del gobierno (o en su caso la acción represiva de las protestas sociales), se suma un nuevo intento –tal como se dio con la tristemente célebre ley Banelco a fin de los años 90- de reformar el régimen laboral argentino, eliminando un conjunto de derechos por los cuales los trabajadores organizados lucharon durante más de 70 años. Todo una concepción y una manera de ver, que define al trabajo como una variable de ajuste, un costo en los balances de las empresas, en lugar de identificarlo como la verdadera generación de valor agregado y de riqueza nacional”.

Por otra parte, indicaron que “sumado a ello y también como consecuencia de directas imposiciones de los organismos de crédito y el Fondo Monetario Internacional, el gobierno y sus aliados toman la más triste de las decisiones: garantizar el pago de los intereses de la creciente deuda, ajustando el haber de los jubilados actuales y futuros. Así como la entonces ministra de trabajo Patricia Bullrich recortó el 13% de los jubilados, prolegómeno de la más grave crisis social, económica y política de nuestra historia, hoy el gobierno de Macri (con Bullrich esta vez como ejecutora de una represión que no tuvo miramientos en disparar por la espalda y matar a un pibe de 20 años, entre otros hechos gravísimos de represión), modifica el cálculo de actualización jubilatoria, logrando lo que ellos llaman un “ahorro” de 100.000 millones de pesos, que dejan de ingresar en los bolsillos de nuestros abuelos. Eso significa, para nuestra provincia de Buenos Aires, una suma de $ 36.000 millones que son transferidos a los grupos financieros, quitándolos de circulación de cada uno de los pueblos de nuestra provincia. Dicha decisión, además de afectar a los jubilados actuales y futuros, impidiéndoles acceder a alimentos, medicamentos o simplemente esparcimientos para ellos y sus familias, impacta de manera contundente en nuestros comerciantes y empresas PyMES, afectando la mano de obra local y, consecuentemente, achicando cada vez más el círculo de un sistema previsional que, de esta manera, va directamente a la quiebra. No nos cabe duda que ello va orientado a un nuevo ensayo de privatización del sistema previsional, para beneficio de los amigos del gobierno”.

“Los intendentes aquí firmantes no vamos a cejar en nuestra responsabilidad de denunciar este tipo de hechos y vamos a participar de este debate central de la Argentina”, finalizaron.

Francisco Durañona, Intendente de San Antonio de Areco.
Germán Lago, Intendente de Alberti.
Gustavo Cocconi, Intendente de Tapalqué.
Hernán Ralinqueo, Intendente de 25 de Mayo.
Juan Carlos Gasparini, Intendente de Roque Pérez.
Juan Ignacio Ustarroz Intendente de Mercedes.
Eduardo Marcelo Santillán, Intendente de Adolfo Gonzáles Chaves.
Ricardo Casi, Intendente de Colón.
Alfredo Fisher, Intendente de Laprida.

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