La Izquierda en contra del Operativo Aprender: “El problema no es la evaluación, sino qué evaluamos”

La dirigente de Izquierda al Frente, Vilma Ripoll, presentó un proyecto de ley en la cámara de Diputados de la Provincia manifestando su descontento al operativo “Aprender” que se desarrollará en la el territorio bonaerense.
“El objeto de la presente ley es establecer el sistema de evaluación social de las políticas del Ministerio de Educación de la Nación, aplicadas por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia (DGCyE) en el ámbito de la enseñanza estatal”, sostuvo Ripoll.

Asimismo, agregó que “estas evaluaciones tienen antecedentes en la gestión del PRO en la Ciudad (CABA), y se transforman en un instrumento estratégico para sus políticas de vaciamiento de la escuela pública; vía la estigmatización del docente, culpabilizándolo de la crisis del sistema educativo. Como también, vía la “reevaluación de las capacidades docentes” para decidir su acceso a cargos, su permanencia y ascenso en la carrera”.

En ese sentido, Ripoll indicó que “expresan una política de Estado que intenta subordinar el sistema educativo a los intereses de las empresas monopólicas. Al considerar la educación estatal como área de negocios y a poner al docente en la centralidad de una verdadera contrarreforma. Tal avance sobre el sistema estatal de enseñanza adquiere una articulación internacional desde los centros financieros y organismos multilaterales”.

“El problema no es la evaluación, sino qué evaluamos y a quiénes. Porque se evalúa donde se cree que está el problema y se aspira -con esos datos-, a contar con un diagnóstico sobre su dimensión y las directrices para resolverlo. Los docentes son evaluados a diario y anualmente, conforme a los criterios y mecanismos contenidos en el Estatuto del Docente (Ley Provincial 10.579). Lo mismo los alumnos. Pero el gobierno arranca por evaluar al estudiante, y por esa vía al docente, porque considera que allí está el problema y origen de los déficits de la educación”, agregó Vilma Ripoll.

Y finalizó: “Rechazamos este criterio porque implica que, gradualmente y en perspectiva, no sólo centran en el docente la responsabilidad de la crisis, sino que aspiran a trasladar eso al salario que gane un educador o lo que reciba una institución en recursos, según la categoría o puntaje que logren”.

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