La CPM denunció corrupción en el Servicio Penitenciario Bonaerense

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Una denuncia presentada por la Comisión por la Memoria (CPM) ante la Ayudantía Fiscal de Delitos Intracarcelarios de Olavarría puso bajo sospecha a funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense responsables de la UPNº 2 de Olavarría. La causa caratulada como cohecho activo investiga a uno de los Jefes de la Unidad, Roberto Carlos Paiz, quien estuvo detenido la última semana a pedido de la fiscal, y a otros agentes penitenciarios. La CPM interviene para garantizar que el proceso avance y salvaguardar la integridad física de las personas denunciantes. ‎
La semana pasada la fiscal de Olavarría, Viviana Beytía, ordenó la detención de Roberto Carlos Paiz, Subdirector de la Unidad Penal Nº 2 de Sierra Chica, acusado de cobrarle dinero a un ex jefe barrabrava detenido a cambio de mejorarle sus condiciones de alojamiento. Organizaciones sindicales de agentes penitenciarios manifestaron públicamente su rechazo a la medida y reclamaron el respeto de las “garantía constitucionales para todos los compañeros”. Finalmente ayer, Paiz fue excarcelado por orden del juez de garantías Carlos Villamarín. No obstante esta decisión, la causa caratulada como cohecho activo sigue su curso.
La investigación se originó por una denuncia que la CPM presentó ante la Ayudantía Fiscal de Delitos Intracarcelarios de Olavarría, a cargo de Lucas Moyano, mediante la cual se informaba que, según datos aportados por personas detenidas en la Unidad Nº2 de Sierra Chica, las autoridades de esta Unidad participaban y convalidaban acciones ilegales contra los detenidos. La denuncia fue promovida por la ayudantía fiscal y en ese marco se realizó el allanamiento en la Unidad 2, donde fueron encontrados una serie de elementos de prueba muy precisos, claros y contundentes, que derivaron en la detención del Subdirector de Asistencia y Tratamiento Roberto Carlos Páiz y la imputación de otros agentes penitenciarios.
Frente a las repercusiones públicas del caso y los debates generados en torno al accionar de la justicia, la CPM manifiesta su apoyo a las actuaciones de Lucas Moyano y de Viviana Beytía. Durante más de diez años, como organismo de control y monitoreo de los lugares de encierro en la provincia de Buenos Aires, la CPM ha constatado cómo los hechos de corrupción constituyen prácticas extendidas y sistemáticas dentro del SPB. Las cuales son parte esencial en el agravamiento de las condiciones de encierro y la vulneración de los derechos humanos de las personas detenidas. En todos estos años, frente a este tipo de denuncias, el accionar habitual de la justicia fue no investigarlas. Esa impunidad no sólo ha amparado a los funcionarios públicos responsables de estos delitos, sino que al mismo tiempo promueve su continuidad e incremento.
Por eso resulta fundamental acompañar este tipo de investigaciones judiciales, que se inscriben en la lucha por el mejoramiento de las condiciones de vida y la defensa de los derechos humanos de todas las personas detenidas. Porque los delitos de corrupción dentro del SPB atentan contra la adecuada alimentación, el acceso a la salud, las óptimas condiciones de infraestructura y un régimen de vida digno. Todos estos elementos, en la medida que se niegan o restringen, se constituyen en prácticas de tortura y malos tratos largamente denunciadas por la CPM.
Del mismo modo, resulta imperioso fortalecer las políticas de investigación y sanción hacia adentro de la institución penitenciaria, promoviendo una participación activa y efectiva, como en este caso, de la Subsecretaria de Control Penitenciario y Gestión Institucional ( o Asuntos Internos) del Ministerio de Justicia de la Provincia.
Los agentes penitenciarios son funcionarios públicos, por lo tanto los delitos que cometen no son privados. Deben responder a cada acusación, a cada denuncia, como funcionarios públicos y agentes del Estado. En este sentido, es esperable que apoyen y promuevan una intervención plena de las instituciones judiciales para deslindar en cada caso las responsabilidades. Por lo mismo, la publicidad de cada una de las instancias que forman parte del proceso judicial debe ser un rasgo irreprochable, en la medida que tanto sus delitos, como la presunción de los mismos, atañen a la sociedad en su conjunto.
La CPM realizó un presentación a la Procuradora General de Provincia, María del Carmen Falbo, apoyando la acción de la justicia en el caso Paiz y pidiendo el apoyo institucional para la investigación en curso. La CPM ha diagnosticado y denunciado la tortura, violencia y corrupción en los lugares de detención, como un problema estructural y sistemático. En esta línea la misiva reclama mayores esfuerzos y recursos fiscales para perseguir estos delitos.
En el escrito también alerta sobre la necesidad de garantizar la integridad física de aquellas personas que, conociendo el marco de impunidad que ampara los hechos de corrupción dentro del SPB, se animaron a llevar adelante esta denuncia.
Por otro lado, también se realizó una presentación judicial a favor de las personas denunciantes, solicitando que no se apliquen contra ellos medidas de aislamiento, traslados arbitrarios, y/o, cambio de sistema penitenciario. En la misma se hizo énfasis en la importancia de la protección de los testigos y se solicitó una medida alternativa a la prisión, considerando que aún permanecen bajo custodia de la fuerza que denunciaron. La reacción corporativa de los penitenciarios que se ha generado da cuenta de la necesidad imperiosa de garantizar la integridad de los denunciantes que son también víctimas directas de los delitos que se investigan.
Resulta imperioso que la justicia asuma que la corrupción en el SPB es parte central del sistema de gobierno del encierro, para que se promuevan investigaciones judiciales como la que se inició en Olavarría.
Las instituciones democráticas deben confrontar de manera clara y contundente con el respaldo corporativo que las organizaciones sindicales de los agentes penitenciarios han dado y siguen dando a los acusados frente a cada denuncia. Porque de ninguna manera es posible aceptar que el reclamo por el respeto de las garantías constitucionales, sea asumido como una garantía de impunidad.

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